Mientras los ciudadanos enfrentan una economía preocupante, servicios públicos deficientes y una creciente desconfianza en la clase política, las seis organizaciones que consiguieron representación en el nuevo Congreso bicameral se preparan para recibir una inyección de recursos públicos que supera los 222 millones de soles durante los próximos cinco años. El financiamiento público directo, que será entregado entre julio de 2026 y julio de 2031, casi triplica lo destinado a los partidos del quinquenio anterior.
La cifra exacta es 222 millones 119 mil 117 soles, según información proporcionada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El Estado y los contribuyentes, desembolsarán en promedio más de 44 millones de soles cada año para financiar a estas organizaciones políticas. El argumento legal es fortalecer su funcionamiento, formación, capacitación, investigación y difusión. Y la pregunta común es, ¿hasta dónde puede llegar el privilegio económico de quienes recibieron el mandato de representar al pueblo?
Durante el quinquenio anterior, el financiamiento público directo ascendió a 77 millones 980 mil soles. Ahora, la cifra será 2,85 veces mayor. La explicación oficial está en la nueva fórmula de cálculo derivada del retorno de la bicameralidad. Ya no se consideran únicamente los votos correspondientes a una elección congresal, sino que se suman los votos emitidos para elegir diputados y senadores.
Luis Camino Palomino, subgerente de Verificación y Control de la ONPE, explicó que la legislación establece que el cálculo se realiza sobre el equivalente al 0,1 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente y se aplica al total de votos emitidos en las elecciones de ambas cámaras. Con una UIT de S/ 5.500 para 2026, el nuevo mecanismo produce una bolsa mucho más abultada. Una modificación legal vinculada a la bicameralidad termina así teniendo una consecuencia directa sobre las arcas públicas.
Los beneficiarios serán Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación-AN. El reparto tampoco será completamente igualitario. El 40 % del fondo se distribuirá en partes iguales entre las seis organizaciones, mientras que el 60 % restante será asignado proporcionalmente a los votos obtenidos. Es decir, quienes consiguieron mayor respaldo electoral tendrán derecho a una porción mayor del dinero público.
Este dinero proviene del Estado, mejor dicho, procede, directa o indirectamente, de los impuestos que pagan millones de peruanos. La ley establece que estos fondos pueden ser utilizados para determinados gastos de funcionamiento ordinario, incluyendo personal, servicios y adquisición de bienes, mientras que no menos del 50 % debe orientarse a formación, capacitación, investigación y difusión.
La base de esta intención declarada es para que los partidos no dependan exclusivamente de aportes privados y puedan desarrollar instituciones políticas más sólidas. El problema aparece cuando se observa la distancia entre ese propósito y la realidad de organizaciones políticas que, en muchos casos, funcionan alrededor de liderazgos personales, maquinarias electorales o intereses coyunturales. Si el Estado va a multiplicar casi por tres el financiamiento, también debería multiplicar la exigencia de transparencia, control y resultados.
La ONPE tiene precisamente la responsabilidad de fiscalizar el uso de esos recursos. El organismo ha señalado que viene fortaleciendo su equipo de auditores y realizando visitas preventivas y de ejecución a las organizaciones políticas. El objetivo es verificar que el dinero se utilice conforme a la Ley de Organizaciones Políticas y su reglamento. Pero la fiscalización posterior no debería convertirse en una simple revisión contable de facturas y documentos: la ciudadanía también debería poder conocer qué formación se impartió, qué investigaciones se realizaron y qué fortalecimiento institucional produjo cada sol recibido.
El 10 de agosto de 2026, diez organizaciones políticas presentaron información correspondiente a la rendición de cuentas de sus gastos realizados entre enero y julio de 2026. Esos documentos deberán ser examinados por los auditores de la ONPE para determinar si los gastos están adecuadamente sustentados o si existen observaciones. Cada sol que salga de las arcas públicas debería poder ser rastreado y explicado ante la ciudadanía.
El nuevo Congreso bicameral, entonces, no solo representa para los partidos la oportunidad de ejercer el poder legislativo durante cinco años. También significa acceso a una bolsa pública de más de 222 millones de soles. El mandato popular, que debería traducirse fundamentalmente en leyes, fiscalización y representación, viene acompañado de un considerable privilegio económico. Aún no hay informes de la ONPE, se esta ley sirve para construir partidos más democráticos, preparados y transparentes o es una cómoda renta política financiada por todos los peruanos.
El nuevo Congreso bicameral abre un quinquenio de financiamiento público para seis partidos que obtuvieron representación parlamentaria.
